Millones de personas en Guatemala viven en condiciones de extrema vulnerabilidad; violencia, linchamiento, amenaza, chantaje, extorsión, robo, vigilancia, allanamiento, violación y muerte son parte del lenguaje y de la vida diaria, sin que las autoridades estatales impulsen políticas o programas que garanticen su erradicación.
Existe debilidad en las instituciones del Estado, especialmente el ministerio de gobernación no cuenta con un plan de seguridad y Policía Nacional Civil (PNC), que se encuentra sumamente debilitada y desprestigiada producto de los sucesivos ingresos de oficiales del ejército como comisarios o agentes.
La respuesta contra la delincuencia y el crimen organizado ha sido sumamente pobre, porque no se cuenta con capacidad o porque no se tiene voluntad para investigar y dar con los responsables materiales o intelectuales de la inseguridad.
Guatemala atraviesa actualmente por uno de los períodos más difíciles de su historia en lo atinente a la evidente incapacidad del gobierno para proveer a los habitantes un mínimo de seguridad frente al desbordado Vandalismo que impera en todo el país especialmente y en una dimensión que raya en la barbarie a nivel de la ciudad capital y municipios aledaños, es tal el poder que han logrado alcanzar la delincuencia y las maras, que la autoridad titular encargada (PNC) de atender tal situación confiesa no disponer de la capacidad necesaria para ejercer algún control sobre tales grupos de maleantes mucho menos para reducirlos.

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